miércoles, 21 de febrero de 2024

Retos de la sanidad española para el 2024

(Artículo firmado por Ramón Gálvez y Fernando Lamata en el diario.es)

 

La sanidad pública española viene soportando un debilitamiento progresivo, iniciado con la aplicación de las soluciones que se adoptaron durante la crisis financiera de 2009. Recordemos que, como respuesta a la crisis, se produjeron importantes recortes en los presupuestos públicos, ocasionados por el enfoque neoliberal empleado para tratar de contener el déficit y rescatar a las entidades financieras. Como resultado de la aplicación de esta estrategia económica, la sanidad pública ha sufrido graves problemas para responder adecuadamente a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Llamativamente se ha ido produciendo una pérdida de profesionales provocada por un conjunto de medidas para reducir el gasto sanitario, como la no cobertura de plazas, la no renovación de contratos, la utilización abusiva de la contratación temporal, etc. El empeoramiento de las condiciones de trabajo y la falta de recursos ha generado un deterioro de la calidad de la atención, un aumento inaceptable de los tiempos de espera y el cansancio y agotamiento de los profesionales sanitarios. Es urgente para la Sanidad española romper esa inercia negativa en 2024 y comenzar un proceso de recuperación. 

 

El Barómetro del CIS del pasado noviembre preguntaba el grado de preocupación por la asistencia sanitaria pública. Un 46,3% de encuestados contestaron que les preocupaba mucho. Un 32,1% contestaron que bastante. Es decir, casi un 80% está bastante o muy preocupado por la sanidad. En el mismo Barómetro, la sanidad es el segundo problema que más preocupa personalmente a la población. Las señales de alerta están encendidas y es imperativo que respondamos para recuperar la calidad perdida del Sistema Nacional de Salud (SNS) y consolidar su futuro.

 

A nuestro juicio no bastan medidas coyunturales ni reactivas. El gobierno de España debe impulsar y liderar a los gobiernos de las Comunidades Autónomas para desarrollar una serie de estrategias de recuperación, abordando temas clave para el SNS. Una condición previa es, sin duda, la financiación adecuada. Se debe ampliar la financiación del Sistema Nacional de Salud en torno a 20.000 millones de euros anuales, para recuperar los recortes y hacer frente al crecimiento y envejecimiento de la población. Esa financiación adicional debería tener carácter finalista, completando el marco de financiación autonómica, mediante acuerdos bilaterales, que permitan impulsar estrategias concretas y controlar su cumplimiento. Un SNS bien financiado, donde el gasto sanitario público suponga el 85% del gasto sanitario total, es el requisito básico para conseguir que el sistema público de salud recupere su prestigio y el reconocimiento de la calidad de sus resultados. Conviene señalar que en el mismo Barómetro citado más arriba, el 89,1% los encuestados opinan que habría que aumentar el presupuesto sanitario.  ¿Cuáles serían las estrategias a definir e impulsar prioritariamente con esos recursos adicionales?

 

En primer lugar, la centrada en el personal sanitario. Es imprescindible garantizar la suficiencia de profesionales sanitarios, de las diferentes cualificaciones y especialidades en todo el territorio nacional, mejorando sus condiciones de trabajo, su remuneración, su estabilidad, su formación continuada y su liderazgo, así como su participación real y efectiva en la toma de decisiones. Una dotación suficiente permitirá abordar el problema de los tiempos de espera exagerados, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria.

 

En segundo lugar, un elemento nuclear, la Atención Primaria. Es una prioridad recuperar la capacidad de respuesta de la atención primaria mediante la dotación de personal, infraestructuras y equipamiento adecuados, actualizando el modelo de trabajo y las competencias, y asegurando la coordinación con atención hospitalaria y servicios sociales, para desarrollar eficazmente su papel central en la prevención y promoción de salud.

 

En tercer lugar, la Salud Pública. Siguen sin tomarse medidas desde la pandemia de la COVID-19 cuando se evidenció la debilidad estructural de la salud pública. Es preciso crear la Agencia Estatal de Salud Pública, y es necesario reforzar las dotaciones de los servicios de Salud Pública de las CCAA, y actualizar la legislación para prevenir y responder adecuadamente a nuevas emergencias de salud. La inversión en Salud Pública deberá priorizar la superación de las desigualdades en salud de los colectivos más vulnerables. 

 

La Salud Mental es la cenicienta del SNS. Dispone de la mitad del presupuesto que sería necesario para ofrecer una atención de calidad, sin esperas, con enfoque comunitario, integral, y con protagonismo de las personas afectadas. Los problemas de salud han aumentado, marcadamente en los jóvenes, y la respuesta de la sanidad pública es muy insuficiente. Además, esas carencias propician una reorientación hacia lo biológico (los fármacos) y el hospital, frente a lo biográfico, lo social y comunitario, así como una derivación hacia la sanidad privada.

 

Un quinto aspecto de inexcusable abordaje es la Política Farmacéutica. El exceso de gasto en medicamentos, por sobre-precios y por utilización inadecuada, supone alrededor de 10.000 millones de euros anuales, que van a las cuentas de resultados de las grandes empresas farmacéuticas y que deberían utilizarse, junto con el aumento de la financiación citada más arriba, para recuperar la salud de nuestra sanidad. Para lograrlo, revisar y modificar las bases de la política farmacéutica con un planteamiento dirigido a disminuir y controlar el gasto farmacéutico, es una política imprescindible.

 

Finalmente, el replanteamiento de la coordinación en el SNS es una tarea ardua pero clave para el futuro a corto y medio plazo. Es preciso reforzar el Ministerio de Sanidad, dotándolo de personal cualificado a todos los niveles para que pueda llevar a cabo sus funciones con solvencia: la universalización sanitaria (incluyendo la incorporación de la asistencia sanitaria de MUFACE y otros subsistemas residuales), la supresión de incentivos fiscales a seguros privados, la ampliación del catálogo de prestaciones, y la coordinación, elaboración e implantación de las estrategias señaladas en los párrafos anteriores. Al mismo tiempo que se estimula la cooperación, se impulsa la coordinación, y se amplía la presencia en las políticas europeas y en la Organización Mundial de la Salud, se debe modificar el funcionamiento del Consejo Interterritorial del SNS, para que pueda asumir su papel de órgano eficaz de toma de decisiones. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve que es fundamental reforzar la coordinación para asegurar una toma de decisiones coherente para el conjunto del sistema. No se trata de re-centralizar funciones. Se trata de completar la organización de un sistema autonómico, de orientación federal, que, cuando se constituyó en la Ley General de Sanidad de 1986, con la mayoría de competencias sanitarias centralizadas, no se dotó de órganos de decisión de carácter federal, sino de órganos de debate cuya ejecutividad depende de la buena voluntad de las partes. Cuando hay un incendio deben estar claras las líneas de mando y toma de decisión.

 

Estos son, a nuestro juicio, los principales retos de la sanidad española para el 2024. Estamos en una situación de grave riesgo para el SNS. No podemos ni debemos aceptar incrementos en la mortalidad y morbilidad originados por la falta de medidas inmediatas. No podemos ni debemos aceptar el sufrimiento de pacientes sin respuesta a sus demandas de atención y cuidados. No podemos ni debemos aplazar las medidas de mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios. Si no se adoptan estas estrategias de forma decidida el deterioro del SNS público será irreversible con consecuencias desastrosas para la vida de las y los ciudadanos.

 


Enlace al artículo en eldiario.es 


https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/retos-sanidad-espanola-2024_129_10938081.html

 

viernes, 16 de febrero de 2024

Pensando en la próxima pandemia. Enseñanzas del desarrollo y distribución de las vacunas frente a la COVID-19. Una cuestión de poder.

 (Presentación en Seminario del Centro Nacional de Epidemiología, 15/2/24)

 

 

La próxima pandemia

 

El Informe “Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia de Covid-19”, Evaluacovid, afirma que: “una nueva pandemia de virus respiratorios de alta gravedad no solo es posible sino probable, a corto o medio plazo” (pág. 82).

 

¿Qué pasaría si la próxima pandemia tuviera la tasa de incidencia de la COVID-19, la tasa de letalidad (fallecidos sobre casos) de la gripe aviar, y nuestra respuesta fuera similar? Una verdadera catástrofe.

 

Por eso es importante revisar cómo se ha respondido ante la COVID-19 y qué podemos mejorar. Hay muchos aspectos a considerar en una futura estrategia, como, desde luego, el refuerzo y actuación de las estructuras de Salud Pública para la prevención y respuesta a pandemias. Yo abordaré en esta sesión un aspecto concreto: el acceso a las vacunas y medicamentos.

 

 

¿Qué funcionó y qué no funcionó en relación con el desarrollo y la distribución de las vacunas?

 

Permítanme recordar aquí una entrevista realizada el 21 de abril de 1953, en la cual el periodista Edward Murrow preguntó al descubridor de la vacuna frente a la polio, Jonas Salk: “¿Quién es el propietario de la patente de esta vacuna?”, Salk contestó: “De la gente, diría yo… ¿acaso se puede patentar el sol?”

 

Durante la pandemia de la COVID-19 la patente se cedió a las empresas; se pusieron por delante los beneficios de los directivos de las empresas farmacéuticas y los fondos de inversión, y se dejaron detrás los derechos humanos de las personas: el derecho a la vida, y el derecho a beneficiarse del progreso científico. Esto no debería volver a ocurrir.

 

Ciertamente la estrategia de la Unión Europea en relación con las vacunas frente a la COVID ha tenido algunos aspectos positivos, como la apuesta por la investigación, y la distribución equitativa entre los 27. Pero, en cambio, la estrategia ha fallado en su visión global, y en su enfoque ético. “Una catástrofe moral” en palabras del Director General de la OMS.

 

Si repasamos el Informe Evaluacovid vemos que, por una parte, señala aspectos positivos en relación con las vacunas, como “una excelente campaña de vacunación frente a la COVID-19, que es un modelo entre los grandes países del mundo” (pág. 66). Y, por otra parte, señala cosas que se deberían mejorar: “La posible vacuna frente a una nueva pandemia debería fabricarse de forma rápida y a precios razonables para ser distribuida y administrada en cantidad suficiente allí donde haga más falta, y no solo donde más capacidad de compra haya” (pág.12; págs. 77 y 78). En efecto, así debería haber sido y así debería ser en una futura pandemia ¿Se puede lograr? ¿Qué necesitamos para lograrlo?

 

En esta charla comentaré algunos aspectos relacionados con el desarrollo y la distribución de vacunas COVID-19: La investigación (incluyendo la compra anticipada, los derechos de propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y know how), la fabricación, la fijación de precios, la distribución, la administración de la vacuna, y el balance en gasto y en muertes evitables. Finalmente propondré algunas alternativas.

 

 

1.-La investigación

 

Antes de presentar algunos datos sobre la investigación de las vacunas, conviene hacer un apunte sobre la investigación y los monopolios. Este es un punto clave.

 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), firmado en 1994 en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la mayoría de los países del mundo, establece la concesión de monopolios a las empresas farmacéuticas, prohibiendo la competencia durante 20 años y permitiendo así que, durante ese tiempo, puedan fijar precios por encima del coste de fabricación. La justificación de esa prebenda es poder recuperar en ese tiempo no solo los costes de fabricación, sino también los costes de la investigación realizada, más un beneficio razonable. El problema es que, al tratarse de un producto que tiene que ver con la salud, con el dolor, con la vida y la muerte, la experiencia nos enseña que, las empresas, al tener el monopolio, se ven tentadas inevitablemente a pedir precios muy por encima de los costes de fabricación y de investigación, aplicando el lema de la bolsa o la vida, y logrando así beneficios abusivos.

 

Por ejemplo, en la hepatitis C, medicamentos que cuestan 75 euros por tratamiento los hemos pagado a un precio de 20.000 euros por tratamiento. Ese dinero es una barrera al acceso para millones de personas, y donde lo podemos pagar, se detrae de gastos en personal y mejoras en las condiciones de trabajo. Imaginemos que por un móvil pagáramos 20.000 euros. Sería un robo y muchos no lo podrían pagar. Pues esto es exactamente igual. Es un robo legal que beneficia a un selecto grupo de mil-millonarios, que tienen mucho poder. Y deciden.

 

Veamos un esquema: en el mundo, globalmente, gastamos en productos farmacéuticos 1,5 billones de dólares (en 2022). De ellos, la fabricación, a precio de genérico, con beneficio industrial medio, asciende a 500.000 millones de $. El resto, 1 billón de dólares, es el sobreprecio que ponen las empresas originarias para, supuestamente, recuperar los gastos en I+D. Pero todos los gastos en I+D que declaran ascienden solamente a 220.000 millones de dólares: incluyendo la que funciona y la que no, incluyendo la investigación incremental, los me-too, los ensayos clíniocos promocionales, y siempre según las prioridades comerciales. Quiere decir que 780.000 millones, que deberían ir a I+D, son beneficios abusivos. De ese beneficio abusivo, unos 250.000 millones de $, que es más de lo que se gasta en investigación, se invierte en marketing y lobby para influir sobre gobiernos, parlamentos, sociedades científicas, profesionales líderes de opinión, asociaciones de pacientes, etc., con la finalidad de perpetuar el modelo. La cantidad sobrante, más de medio billón anual, va a remuneración de ejecutivos y accionistas de las grandes empresas farmacéuticas y de los grandes fondos de inversión (que son sus principales accionistas). 

 

Es un modelo desequilibrado que da enorme poder a los altos ejecutivos de Big Pharma y gestores de fondos de inversión, con el “mantra” de que es para pagar la investigación. 

 

¿Qué pasó con la investigación en la pandemia de COVID-19? La investigación de las vacunas se basó en investigaciones básicas, pre clínicas, llevadas a cabo en institutos públicos, con financiación pública. Y La investigación y el desarrollo específico de estas vacunas se financió también con fondos públicos. Por un lado, con subvenciones a proyectos, tanto del NIH (gobierno EEEUU, para Moderna), como del gobierno alemán y UE, para la vacuna Pfizer-Biontech. Cuando aparece el SARS-CoV-2, la UE, a través de Horizonte 2020 destinó 2.700 millones de euros para proyectos y plataformas de investigación. Por otro lado, el fondo de Respuesta Global y otros fondos destinaron una cantidad similar. Cada uno de los países también añadió financiación pública a través de sus institutos como en España el CSIC, o el ISCIII, etc. En las fases finales, cuando había candidatas de vacunas, la UE realizó Acuerdos de Adquisición Anticipada, sumando más de 20.000 millones de euros, para completar la investigación y el desarrollo de las vacunas, con los sobreprecios pagados. En EEUU, otro tanto, y también en Japón, Reino Unido, Canadá, Australia, etc. 

 

Podemos afirmar, a la vista de estos datos, que toda la investigación y desarrollo de las vacunas se ha pagado, de forma directa o indirecta, con dinero público.

 

Esta enorme inversión, y el trabajo de centenares de investigadores, permitió que la humanidad dispusiera de vacunas eficaces y seguras en menos de un año. Este es un gran éxito. El problema es que las vacunas, el resultado de la investigación, no pudieron llegar a los brazos de quienes las necesitaban en todo el mundo. El resultado de la investigación se privatizó y fue absorbido por los detentadores del poder económico, que obtuvieron, otra vez, un beneficio abusivo.

 

Conviene recordar que cuando la Universidad de Oxford empezaba a tener resultados positivos con un prototipo de vacuna, financiada con fondos públicos, el rectorado dijo a principios de 2020 que sería universal, sin exclusividad, para todos. Al parecer, según informó la prensa, la Universidad de Oxford recibió algunas presiones y terminó cediendo a AstraZeneca la licencia exclusiva para comercializar la vacuna.

 

 

1.1.-Acuerdos de Adquisición Anticipada.

 

He mencionado los Acuerdos de Adquisición Anticipada. Es un procedimiento que había utilizado EEUU para desarrollar mediante contratos la investigación militar y aeroespacial. En junio de 2020 la Comisión Europea propuso a los Estados Miembros la posibilidad de negociar la compra conjunta y anticipada de vacunas COVID. Se trataba de apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas, adelantando dinero a las empresas para investigar y desarrollar un producto y garantizando después un volumen de compra en caso de lograr resultados favorables. De esta forma, los Estados Miembros quitaban el riesgo que las empresas debían asumir con inversiones para la investigación, los ensayos clínicos, la ampliación de instalaciones, la compra de materias primas, envases, etc., y ese riesgo lo asumían los países, es decir, los contribuyentes, haciéndose cargo de esos gastos. Era un paso importante, porque suponía, acelerar el descubrimiento y fabricación de las vacunas. 

 

El problema fue que los Derechos de propiedad intelectual de los productos, y con ellos, el monopolio, se concedieron a las empresas fabricantes, 

 

 

1.2.-Los derechos de propiedad intelectual

 

Este, a mi juicio, es el aspecto más importante. Como hemos visto, la financiación pública de la I+D, de las vacunas por proyectos, compra anticipada, y sobre-precios, es de más del 100 por 100. En justicia, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas COVID debían ser de titularidad pública, es decir, de la gente. De esa forma, la Comisión y sus EEMM podrían haber cedido licencias no exclusivas a la OMS, para poder fabricar las vacunas en todo el mundo, favoreciendo la producción local, y vendiéndolas a precio de coste, de manera que fueran asequibles a todos los países simultáneamente y de forma equitativa. Pero los negociadores de la Comisión Europea permitieron que los derechos de propiedad intelectual se asignaran a las empresas, y con ellos, la capacidad de decidir cuánto se fabrica, dónde se fabrica, a quién se vende y a qué precio. 

 

A mi manera de ver, la Unión Europea, y los países miembros, hemos perdido una oportunidad de oro para establecer en los acuerdos de compra anticipada la no exclusividad de las vacunas. El resultado ha sido una falta de equidad inmoral en su distribución mundial, y ha supuesto además un gasto público innecesariamente elevado. No deberíamos repetir este error en el futuro.

 

Conviene recordar que la petición de Sudáfrica, la India y otros países en la OMC para suspender la aplicación de los DPI mientras durara la pandemia fue bloqueada por la resistencia de las empresas, que lograron la oposición de EEUU y de la UE a la suspensión. Finalmente, al acabar la pandemia, se logró un acuerdo de exención de patentes de la vacuna, sin obligación de transferencia de tecnología, y sin suspensión de secretos comerciales y otros DPI necesarios para la fabricación, y sin aplicación a otras tecnologías y productos frente a la pandemia. Un acuerdo testimonial e ineficaz.

 

 

1.3.-La transferencia de tecnología y know how.

Según la ley de patentes, en el documento de registro de la patente, el invento debe ser descrito en detalle, así como los pasos para fabricar el producto, de forma suficiente para permitir a un profesional cualificado en la materia reproducir el proceso de fabricación. 

Sin embargo, la información que figura en las patentes, en vacunas y medicamentos, es insuficiente para permitir su reproducción. No están todos los datos, no se actualizan los procedimientos, no se detallan suficientemente, etc. Y se maneja la excusa de otro Derecho de Propiedad Intelectual: la información no divulgada. Por eso la petición de India y Sudáfrica pedía la exención de la aplicación no solo de las patentes, sino también de los derechos de autor, los dibujos y modelos industriales y la protección de información no divulgada. Y se añadía la petición de transferencia de la tecnología y conocimiento (know how) necesarios para fabricar el producto.

 

 

1.3.1.-Covid Technology Access Pool. C-TAP

 

La OMS puso en marcha en 2020 un repositorio de tecnología en relación con la COVID-19. La idea era recibir estas tecnologías, ponerlas a disposición de entidades o países que quisieran fabricar, transferir la tecnología y el conocimiento y asesorar en la fabricación, con compromiso de precio asequible (coste plus). Ninguna empresa contestó.

 

En noviembre 2021 España, el CSIC, cedió un Test, con licencia no exclusiva y transparente para todo el mundo. Fue la primera cesión a la C-TAP.

 

En julio 2023, el CSIC cedió un prototipo de vacuna basada en el Virus vaccinia MVA como vector, con buenos resultados en animales, pendiente de ensayos clínicos, que está siendo desarrollada por el grupo de Mariano Esteban y Juan García Arriaza. El CSIC concede Licencia no exclusiva, transferencia de tecnología, y entrenamiento. 

 

Este es el camino a seguir. Pero muy pocos lo han seguido debido a las presiones de la industria.

 

 

1.3.2.-El Hub de la OMS para transferencia de tecnología en Sudáfrica

 

El objetivo de este centro de transferencia de tecnología y conocimiento es crear capacidad en países de bajos y medianos ingresos para producir vacunas mRNA. Este centro de formación entrenaría técnicos con los conocimientos necesarios para fabricar las vacunas en su país, y daría apoyo financiero y apoyo en el desarrollo de los centros de producción local (control de calidad, regulación, licencias).

 

A los 12 meses de su lanzamiento ya ha producido las primeras dosis de vacunas mRNA. 

 

 

2.-La fabricación. 

 

Durante la pandemia, al limitar el número de fabricantes por los monopolios, no había vacunas para todos en un plazo corto. 

 

Sin embargo, existe suficiente capacidad de fabricación de vacunas en el mundo. La OMS puede identificar y acreditar, junto con los países miembros, todas las fábricas del mundo que puedan producir vacunas y transferir la tecnología necesaria (especialmente en América Latina, África y Asia, donde hay más de 100 instalaciones viables; pero también en Europa. Por ejemplo, en España han fabricado componentes de vacunas COVID cinco empresas, una de ellas con desarrollo propio). En 6 meses se podría fabricar dosis de vacunas suficientes para vacunar al 70% de la población mundial (20.000 millones de dosis anuales, frente a los 6.000-8.000 millones de dosis anuales que se fabricaron con las limitaciones del monopolio). Dichas vacunas serían a precio de coste, con lo que, con menos de la mitad del dinero que nos hemos gastado para vacunar solo a los países ricos, se podría vacunar a toda la población mundial.

 

 

3.-La fijación de precios

 

Una consecuencia inevitable de los monopolios son los precios abusivos. Según UNICEF los precios de la vacuna de BioNTech-Pfizer para la Unión Europea serían de 13 a 21 euros por dosis, en función de los contratos, y el precio de la vacuna de Moderna de 22,7 euros por dosis. Ambos muy por encima de los costes. En efecto, los costes de fabricación de las vacunas de Pfizer y Moderna se han calculado por Zoltan Kis y colaboradores, del Imperial College de Londres, en menos de 1 y 2 euros respectivamente. 

 

Como es lógico, al permitir precios altos, las empresas tienden a vender a aquellos que pagan más, dejando a los países de rentas bajas a la cola. Es lo que ocurrió. El precio de las vacunas debía ser el coste de fabricación, más un beneficio industrial similar a la media de empresas no farmacéuticas.

 

 

4.-La distribución 

 

En España la distribución fue equitativa. Se realizó la compra pública, en el marco de la UE, y la vacuna fue gratuita para todos. 

 

En la UE también se logró. Todos los países de la UE decidieron hacer compra conjunta y una distribución equitativa, según la población de cada país. De tal forma que, conforme las empresas fabricaban y comunicaban la cantidad disponible, la UE distribuía en función de la población. La misma proporción a Alemania que a Rumanía, lo mismo a España que a Italia o a Hungría. Hace unos años hubiera sido impensable.

 

Lamentablemente, esta forma de distribución equitativa no se extendió a todo el mundo. Los países ricos se blindaron con sus contratos de compra anticipada y precios altos. Los países pobres quedaron a la cola.

 

Las empresas farmacéuticas y los filantrocapitalistas, presionaron a los gobiernos para que no se tocaran los derechos de propiedad intelectual de las empresas, ni sus monopolios, afirmando que la solución sería crear una entidad de colaboración público-privada para organizar la compra y distribución justa de vacunas en el mundo. El ACT Accelerator y su rama COVAX para vacunas. 

 

COVAX es una iniciativa público-privada gestionada por la Alianza para las vacunas GAVI, que a su vez está impulsada por la Fundación Bill y Melinda Gates: un mecanismo “público-privado” basado en la voluntad y el liderazgo de la industria (protegiendo sus intereses). Con un principio básico: que no se toquen los DPI de medicamentos. Los gobiernos deberían saber que una vacunación equitativa no se conseguirá nunca con un enfoque de “caridad” hacia los pobres, de donaciones, de limosna: dar lo que nos sobra. Se conseguirá con un enfoque de derechos humanos, de justicia: recibir lo que nos pertenece. El mecanismo COVAX fue apoyado por la federación de industrias farmacéuticas, porque no cuestionaba el principal escollo real para la fabricación y acceso a los medicamentos a un precio justo, que son las exclusividades y los monopolios, y que es su principal fuente de beneficios abusivos. Por eso es imposible que, con este enfoque, la UE y sus EEMM logren la equidad en el acceso a las vacunas en el mundo.

 

Como era previsible, los países ricos no usaron COVAX. Hicieron acuerdos bilaterales. El mecanismo COVAX, que recibió nuestras donaciones y compró vacunas a precios abusivos, para distribuir a los pobres, fue claramente insuficiente. Un año después de su puesta en marcha, COVAX reconoció que había fracasado en su objetivo. A final de 2021 había distribuido menos de la mitad de las vacunas previstas para esa fecha. En cambio, a finales de 2021 las empresas ya habían ganado 60.000 millones de dólares en sobreprecios por venta de vacunas COVID.

 

 

5.-La administración de la vacuna. La campaña de vacunación

            

En España la campaña de vacunación fue un éxito.

Una vez recibidas las vacunas en las diferentes CCAA, se distribuyeron en la red sanitaria pública y se administraron a través de los centros de salud, de los hospitales, o de centros especiales de vacunación, de acuerdo con las prioridades fijadas para los diferentes grupos de población, según criterios de vulnerabilidad y de riesgo. Primero las personas más mayores, personas con problemas severos de salud, personas con discapacidad, personal sanitario, personal de primera línea. Y después el resto de la población… En España la red sanitaria pública es universal en su acceso, es eficaz y eficiente, con profesionales muy cualificados. En el resto de la Unión Europea, los programas de vacunación también fueron razonablemente eficaces.

 

En cambio, en el mundo, globalmente, la campaña de vacunación fue un fracaso. Por un lado, por la falta de acceso a vacunas. Por otra parte, otros aspectos, como la insuficiencia de los servicios de salud, o la desconfianza respecto a las vacunas.

 

A final de 2023, con datos de la OMS y Our World Data, se habían administrado 13.590 millones de dosis, con una distribución muy desigual. En los países desarrollados, dos dosis por persona y una o más dosis de refuerzo. En los países de bajos ingresos, el 67% de la población no recibió ninguna dosis.

 

Según la OMS, un 33% de la población global no ha recibido ni siquiera una serie primaria de vacunas: 2.500 millones de personas. Y un 68% no ha recibido una dosis de refuerzo.

 

Una enorme desigualdad, debida a los altos precios, a la restricción a la transferencia de tecnología y a la limitación de la producción a los centros y al volumen que decidieron fabricar y distribuir las empresas según sus intereses, que, recordemos, no es la salud de la población, sino maximizar su beneficio.

 

 

 6.-El balance

 

6.1.-¿Cuál ha sido el gasto total en vacunas y tratamientos COVID?

 

Más de 220.000 millones de dólares. Los precios pagados han sido 15-20 veces por encima de costes. Con el volumen de población vacunada y tratada, los beneficios sobre ventas han sido impresionantes: 200.000 millones de dólares de beneficio abusivo, por encima de los costes de fabricación. A estos beneficios se añaden las revalorizaciones de acciones. Una cantidad equivalente.

 

Ese dinero era de los contribuyentes, y debía poder utilizarse para mejorar los circuitos y los recursos sanitarios en todos los países, especialmente en países de bajos ingresos, de cara a garantizar un proceso de atención y acceso a la vacunación, así como el refuerzo de los dispositivos de salud pública. 

 

 

6.2.-Las muertes evitables

 

Según la OMS la pandemia causó 7 millones de muertes por COVID. Pero el exceso de mortalidad durante la pandemia ha sido mayor. En el modelo de The Economist para estimar el exceso de muertes debido a la pandemia la estimación media asciende a 27,2 millones de personas.

 

Si la vacunación hubiera sido accesible para todas las personas, en todo el mundo, al mismo ritmo y en la misma proporción que para los países de altos ingresos, se habrían salvado varios millones de vidas en el primer año de vacunación. (datos estimados a partir del trabajo de Watson et al, del Imperial College de Londres, publicado en el Lancet de 23 junio 2022).

 

 

Alternativas: ¿QUERER ES PODER?

 

Los elementos de cambio están. Falta voluntad política para cambiar de modelo; no es fácil por el desequilibrio de fuerzas; la enorme presión de los lobbies sobre los gobiernos, la Comisión Europea, la propia OMS. Pero si hubiera voluntad política, se podría. Y esa voluntad política puede estimularse con una movilización social. Aquí, cada uno, podemos aportar nuestro granito de arena.

 

¿Cuáles son los cambios necesarios?

 

 

a.-El punto más importante es que España y otros gobiernos impulsen la retirada de los medicamentos de los ADPIC en la Organización Mundial del Comercio. En los medicamentos y vacunas no debe haber monopolios, porque, inevitablemente, se produce un abuso de posición dominante y un aumento abusivo de precios, con la consiguiente barrera de acceso. No solo en vacunas, sino en cualquier medicamento.

 

b.-Al mismo tiempo España y otros gobiernos deberían impulsar la negociación de un Convenio Internacional de Acceso a Medicamentos, según lo propuesto por la OMS y por la Secretaría General de Naciones Unidas desde hace años. Ese convenio incluiría:

 

-La creación de un fondo global para financiar la I+D de medicamentos y vacunas y otras intervenciones en prevención de enfermedad, y promoción y cuidado de la salud, con aportaciones de los países en proporción a su PIB.

-Un mecanismo de gestión multilateral, en la OMS, que fijara prioridades de investigación en función de necesidades de salud y canalizara los fondos a través de proyectos, instituciones públicas, premios de investigación, contratos de compra anticipada, etc.

-Investigación abierta y cooperativa.

-Licencias no exclusivas y transferencia de tecnología.

-Fabricación descentralizada en todas las regiones del planeta.

-Precios coste plus.

-Distribución equitativa.

 

 

c.-Fortalecer OMS.

 

En este tema se puede consultar el documento de Germán Velásquez World Health Organization Reforms in the Time of COVID-19, de noviembre 2020, editado por South Centre. Para que la OMS pueda desarrollar ese papel tiene que reforzarse. Eso supone aumentar el presupuesto, de los menos de 3.000 millones de dólares anuales actuales, a más de 5.000 millones, y, al mismo tiempo, prohibir la financiación privada del organismo, consolidando una financiación pública que garantice la independencia de la institución. En este momento, entre la Fundación Bill y Mellinda Gates, GAVI y otras entidades privadas, pueden influir en el 25% del presupuesto de la OMS, condicionando sus decisiones. La OMS se ha debilitado mientras se creaban entidades que asumían parte de sus funciones, como la CEPI (coalición para innovaciones en la preparación frente a las epidemias), GAVI (alianza global de vacunas), el Fondo Global para el SIDA, la TBC y la malaria, etc. 

 

España debe apoyar un reforzamiento y una desprivatización de la OMS. El aumento de un 20% de las cuotas ordinarias, propuesto en la última Asamblea Mundial es muy insuficiente. La financiación voluntaria, impredecible, y en buena parte privada de la OMS seguirá ascendiendo al 83% del total. Esa posición le resta capacidad e independencia para promover la salud mundial de forma equitativa.

 

La “Fundación OMS”, impulsada como una forma de completar la financiación de la OMS es un error. Una huida hacia adelante, con más financiación privada (incluida la Fundación Bill y Melinda Gates), y sin control de un mecanismo multilateral.

 

Nos jugamos mucho. Las instituciones multilaterales, globales o regionales, surgidas después de la segunda guerra mundial (Naciones Unidas, 1948; la OMS, 1948…), se han ido debilitando desde los años 80 del pasado siglo. Las grandes corporaciones financieras y empresariales, con el discurso del neoliberalismo y la “colaboración público-privada”, asumieron el poder de decisión, en detrimento del poder político democrático y el multilateralismo. Es preciso corregir esta situación.

 

 

d.-El tratado de pandemias

 

El tratado de pandemias que se está discutiendo debería presentarse a la Asamblea Mundial de mayo de 2024. En el primer borrador se abordaban dos cuestiones importantes: mejorar la información y los sistemas de alertas (que piden los países ricos); y supresión de los monopolios mientras dure la pandemia, para aumentar la capacidad de producción de vacunas, tratamientos, pruebas, etc., de forma que toda la población mundial pueda acceder al mismo tiempo, a precio de coste (que piden los países del Sur Global). Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el último borrador (noviembre 2023) no garantiza el cumplimiento de los derechos humanos (el derecho a la salud y a beneficiarse del progreso científico). No se obliga a la suspensión de patentes ni a la transferencia de tecnologías. Se “anima” a los países y empresas a que ofrezcan licencias no exclusivas y faciliten la tecnología. No se cuestionan los DPI. El ministro de sanidad alemán Karl Lauterbach dijo: “Para países como Alemania y la mayoría de países europeos está claro que el tratado no será viable si se introduce una limitación importante a los derechos de propiedad intelectual”. Lobistas de la industria en diferentes países y en la OMS quieren debilitar el tratado argumentando que se pierde la soberanía nacional, o que se frenará la investigación. “Es mejor no tener tratado de pandemias que tener un mall tratado de pandemias”, dice Thomas Cueni, el Director General de la Federación Internacional de fabricantes de medicamentos.

 

España debería plantear a los EEMM una reflexión sobre su posición. Si no cambiamos el modelo, cuando surja una nueva pandemia, con elevada contagiosidad y mayor letalidad, afrontaríamos una verdadera pesadilla para la humanidad. Un buen tratado de pandemias podría ser el anticipo del Convenio Internacional sobre Acceso a Medicamentos.

 

 

e.-Entre tanto.

 

Mientras se discuten estas cuestiones la UE y España deben reforzar sus sistemas sanitarios y especialmente sus capacidades en salud pública y en la prevención y respuesta a pandemias. 

 

e.1.-La UE debe reforzar la Autoridad para preparación y respuesta a emergencias de salud, HERA. Y debe crear una Infraestructura Europea de Medicamentos, para impulsar la investigación y el desarrollo, y, en su caso, la fabricación de medicamentos y vacunas y otras tecnologías sanitarias, crear reservas estratégicas, establecer procedimientos de compra conjunta más sólidos, en los que se garanticen licencias no exclusivas y transferencia de tecnología, etc.

 

e.2.-España debe reforzar las estructuras y los recursos de Salud Pública en los ámbitos nacional y autonómico.

 

En relación con medicamentos y vacunas, por su parte, debe avanzar también de forma decidida en Investigación, producción local y producción pública, producción académica (exención hospitalaria), plataforma pública de I+D, Compra conjunta, almacenamiento estratégico, etc. Modificar la Ley del Medicamento (pago por coste plus). Lograr la independencia de la financiación de la formación del personal sanitario, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. Fomentar la transparencia de toda la información relativa a los medicamentos, aprobación, costes de fabricación e investigación, precios, ganancias, etc., para generar conciencia de la situación y promover cambios. 

 

 

Conclusión

 

 

El tipo de respuesta que hemos dado para la pandemia de COVID-19 no servirá en el futuro. Es insuficiente. La buena noticia es que disponemos de todos los elementos y recursos económicos y jurídicos necesarios para afrontar eficazmente una pandemia, si somos capaces de utilizarlos de forma integrada y sinérgica en una estrategia mundial inteligente y solidaria. 

 

Querer es poder.

 

 

 

 

miércoles, 17 de enero de 2024

Influencia de la industria en el diagnóstico y prescripción en trastornos mentales.

Un conocido refrán reconoce que “es de bien nacido ser agradecido”: si uno ha recibido un favor, lo natural es tratar de mostrar agradecimiento. Pues bien, este refrán, de sentido común, es aplicable a los profesionales sanitarios y a las organizaciones sanitarias. 

Recientemente se ha publicado en el British Medical Journal un artículo que señala los conflictos de interés encubiertos de los redactores de la famosa guía DSM-5-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), la llamada “biblia” de la psiquiatría. Los autores encontraron que el 60% de los componentes de los paneles que redactaron la guía habían recibido pagos de la industria. El total recibido por estos profesionales entre 2016 y 2019 ascendió a 14,2 millones de dólares (1). No es asunto de poca monta.

 

Hoy sabemos algunas cosas. Sabemos que esta guía tiene una enorme influencia en los psiquiatras de todo el mundo, orientando el diagnóstico y el tratamiento. Sabemos que el interés de los profesionales debe ser la salud de los pacientes. Sabemos que el interés de la industria es aumentar los beneficios de los accionistas (vender más, y vender más caro). Y sabemos también que la influencia de la industria podría estar sesgando los criterios aplicados por los expertos patrocinados en el DSM, pudiendo conducir a un sobre-diagnóstico y un sobre-tratamiento.

 

Por otro lado, sabemos que la sociedad científica que elabora el DSM, la American Psychiatric Association, recibe también importante patrocinio de la industria, estimado en más de 20 millones de dólares anuales, a través de su Corporate Alliance (con 17 laboratorios) y de su Fundación. Además, sabemos por Taeho Greg Rhee y Samuel T Wilkinson, que el conjunto de los psiquiatras en EEUU recibieron 110,5 millones de dólares de la industria en dos años (2). Estos pagos, según han evidenciado varias investigaciones, influyen en la prescripción, y la industria lo sabe. En este sentido, para ver la dimensión del problema, conviene leer el documentado artículo de Angel María Martín, publicado en diciembre 2023 en la revista Acceso Justo al Medicamento, donde se detallan los importantes pagos de la industria farmacéutica a las diferentes sociedades científicas españolas (3).

 

Lo cierto es que los presupuestos sanitarios públicos son siempre limitados: si se gasta más en medicamentos, se gasta menos en profesionales. Así, cerrando un círculo vicioso, la falta de profesionales (psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, y otras profesiones), hace que los servicios de salud mental se orienten cada vez más a “la pastilla y la cita”, como decía Steven Sharfstein (presidente de la APA en 2005), cambiando el modelo bio-psico-social por el modelo bio-bio-bio (4). Lamentablemente, en España, las demoras para primera consulta de psiquiatría y de psicología son de varios meses; las intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas son muy escasas; y casi nunca hay tiempo para coordinar actuaciones con los servicios sociales, con los municipios, ni con el ámbito educativo. Al mismo tiempo, la mitad del presupuesto público de salud mental se gasta en medicamentos. ¿No resulta inaceptable? Es preciso cambiar esta orientación. Y para eso es necesario evitar y prohibir los conflictos de interés entre profesionales sanitarios e industria farmacéutica, garantizar patrocinio público de la formación continuada y la elaboración de guías clínicas, duplicar la inversión pública en servicios de salud mental, y volver a impulsar la salud mental comunitaria con el objetivo de la recuperación completa de las personas.

 

1.

https://www.bmj.com/content/384/bmj-2023-076902?utm_campaign=usage&utm_content=tbmj_sprout&utm_id=BMJ005&utm_medium=social&utm_source=twitter&s=03

2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260092/

3.

https://accesojustomedicamento.org/los-pagos-a-profesionales-y-organizaciones-sanitarias-el-mercado-de-pulgas-de-las-multinacionales-farmaceuticas/

4.

https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/pn.40.16.00400003

 

sábado, 16 de diciembre de 2023

La enfermería impulsando 40 años la salud mental

 [Palabras pronunciadas en el acto de clausura del 40 aniversario de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. Madrid, 15 diciembre 2023]

 

Buenas tardes, 

 

Muchas gracias al Presidente de AEESME, amigo Francisco, por invitarme a participar en este acto. Es un honor compartir estos momentos con todas ustedes.

 

Enhorabuena por este aniversario y por todo lo que supone. 40 años es mucho tiempo. Para algunos de nosotros es casi todo el recorrido de nuestra vida profesional. Recuerdo que, en 1983, cuando nace AEESME se inició la Comisión para la Reforma Psiquiátrica que, dos años después, emitiría un Informe impulsando dicha reforma en toda España. También aquel año de 1983 se creó FEAFES (federación de asociaciones de familiares de enfermos mentales), que hoy se ha transformado en la Confederación Salud Mental España. El cambio de nombre y el cambio de estrategia de la Confederación, así como el protagonismo de las personas con experiencia propia, muestra una transformación muy importante en los conceptos y el abordaje de la salud mental durante estos 40 años: desde el manicomio hasta la salud mental comunitaria.

 

Para evidenciar esa transformación bastaría evocar la imagen de la Reina Leticia el pasado 10 de octubre, presidiendo el acto de Confederación Salud Mental España, donde pronunció un discurso muy comprometido con la integración de las personas afectadas, y rapeó por la salud mental, compartiendo el protagonismo del acto con personas que tenían experiencia propia y que han logrado su recuperación. Comparemos esta realidad con la de otro Rey, Martín I de Aragón, que aprobó la propuesta del Padre Jofré para construir en Valencia el primer hospital psiquiátrico del mundo en 1409. Quería el padre Jofré evitar que apedrearan a los enfermos, “pobres inocentes”, y para eso les acogía y recluía en su asilo. Reclusión fue la respuesta a los problemas de salud mental durante más de 600 años, hasta hace apenas 40 cuando nacía AEESME. Recuperación es hoy el objetivo posible: todo un cambio.

 

Desde diferentes puestos de gestión política sanitaria he tenido el privilegio de contribuir a este proceso, junto con muchas de ustedes. Hemos visto el desarrollo de Unidades de Salud Mental comunitaria, Unidades de Hospitalización Breve en Hospitales Generales, Hospitalización de Día, Centros de Rehabilitación Psico Social Laboral, Viviendas tuteladas, mini-residencias, Centros especiales de empleo, empleo con apoyo, programas de prevención y promoción, y otros programas orientados a la recuperación.

 

Mientras tanto, en estos años, la enfermería desarrollaba un papel cada vez más relevante, coincidiendo con su evolución profesional y académica, de Ayudante Técnico Sanitario, a Diplomada Universitaria de Enfermería, a Graduada en Enfermería, con doctoras que hoy son catedráticas, y con especialistas de enfermería en salud mental, desarrollando consultas de enfermería e impulsando diferentes programas de salud.

 

En definitiva, desde que se formó su Asociación hasta hoy, en estos 40 años, se han llevado a cabo transformaciones importantes, gracias a muchas de ustedes y de sus compañeras. De represión a participación. De hospitalocentrismo a enfoque comunitario, de estigma y rechazo a inclusión. Es evidente que, desde el hospital Padre Jofré que yo recuerdo en los años 70, con su estructura medieval, a la atención que prestan ustedes en sus unidades y servicios, hay un mundo.

 

Ahora bien, siéndoles sincero, estoy preocupado, porque desde hace unos años, desde la crisis financiera de 2009, se ha producido cierto retroceso. Entonces se aplicaron una serie de recortes en plantillas, programas y dotaciones, que no se han recuperado, y que se traducen en una peor atención. Además, al mismo tiempo que se reducían los recursos, aumentaba la incidencia y la prevalencia de trastornos mentales, y aumentaba la demanda Como ustedes saben, esta problemática se disparó durante y después de la pandemia de la COVID-19: más del doble de incidencia, sobre todo en jóvenes.

 

Además de la reducción en los recursos, en algunas ocasiones, se está dando marcha atrás en la orientación de la reforma sanitaria: desde el enfoque comunitario al hospitalocentrismo y la medicamentalización. Así, el 50% del presupuesto disponible para salud metal se gasta en medicamentos, y el 35% en hospitalizaciones. La falta de recursos y la reorientación de algunos servicios lleva al aumento de internamientos involuntarios y de contenciones involuntarias, con la vulneración demasiado frecuente de los derechos humanos de las personas afectadas. 

 

Como también es vulnerar el derecho humano a una correcta atención sanitaria, el hecho de que el tiempo de espera para primera consulta sea de varios meses. Y que, después de esperar, la duración de la consulta sea insuficiente, sin un trabajo en equipo multidisciplinar, sin poder ofrecer una atención precoz, adecuada, integral y de calidad.

 

De esta forma, la pérdida de calidad de la atención hace que los problemas se agraven y cronifiquen, y con ellos el sufrimiento de las personas. Y que, ante la falta de respuesta, los pacientes que pueden vayan a consultas privadas. 

 

En resumen, en no pocos casos, la falta de recursos, la falta de apoyo y reconocimiento, y el aumento de la demanda no permite a los profesionales hacer bien su trabajo. La presión que sienten les lleva en ocasiones a necesitar una baja laboral, y en otros casos, a buscar empleo en la sanidad privada o en otras actividades.

 

Amigas y amigos, ante esta situación es necesario que reclamemos a los gobiernos que aumenten significativamente los recursos en los servicios públicos de Salud Mental. Si la carga de enfermedad mental supone más del 10% del total de los problemas de salud, es preciso que Salud Mental pase del 5% al 10% del gasto sanitario público total, de 4.500 millones de euros a 9.000 millones €. Es necesario duplicar el número de profesionales, y en el caso la enfermería en salud mental debemos aumentar la plantilla por cuatro, para poder desarrollar programas de prevención, educación sanitaria, coordinación con servicios sociales y educativos, acompañamiento, cuidado, terapia con la palabra, apoyo a la familia, formación e investigación. Además, debemos recuperar el enfoque comunitario, e incorporar la participación de expertos en primera persona en la estrategia de cambio. 


Ya sé que es muy difícil, pero ¿por qué no podemos soñar que en los próximos 40 años lograremos tantos avances como en los 40 que hoy celebramos? Para conseguirlo debemos arrimar todos el hombro, cada una y cada uno haciendo bien nuestro trabajo y, al mismo tiempo, exigiendo a las autoridades las mejoras necesarias y buscando su complicidad. Solo es imposible lo que no se intenta.

 

Lo importante, creo yo, es fijar bien el rumbo para no perderse y sumar fuerzas. Como decía el poeta Nicolás Guillén: 

“Ya nos veremos yo y tú, 

juntos en la misma calle, 

hombro con hombro, tú y yo, 

sin odios ni yo ni tú, 

pero sabiendo tú y yo, 

a dónde vamos yo y tú”.

 

Muchas gracias por el trabajo realizado durante estos años, mucho ánimo, y muy felices fiestas.

jueves, 29 de junio de 2023

Claroscuros de la Moción del Comité COVID-19 del Parlamento Europeo.

El Comité Especial COVID-19 del Parlamento Europeo (PE) ha emitido su Moción sobre la pandemia COVID-19: lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro (21/6/2023) (1). El informe ha sido aprobado por 23 votos a favor, 13 votos en contra y una abstención. Próximamente, el pleno del PE tendrá que votar su refrendo como Resolución.

 

El documento, de 95 páginas, contiene 617 puntos distribuidos en una introducción y cinco apartados: salud, democracia y derechos fundamentales, impacto económico y social, la UE y el mundo, y recomendaciones finales. Se han discutido más de 3.000 enmiendas y se ha llegado a un texto de compromiso en más de 300. Esto quiere decir que el texto no es homogéneo, ya que hay visiones diferentes que intentan encontrar un mínimo común denominador. 

 

1.

A mi me gusta (casi) siempre ver el medio vaso lleno… aunque a veces cuesta. Al leer este documento, y analizar lo que dice en relación con el acceso a los medicamentos, he tratado de encontrar los elementos positivos, que son los que quiero resaltar.

 

El Comité reconoce la insuficiente inversión en sanidad pública (sobretodo en Atención Primaria, Salud Pública, Salud Mental, dotación y condiciones de trabajo del personal sanitario, y formación continuada) (13, 56, 63, 116, 130-143) y se manifiesta en contra de los recortes en sanidad (55). Pide a los Estados Miembros (EEMM) que hagan “tests de stress” de los Sistemas Sanitarios para identificar debilidades (65, 587). Y recomienda a la Comisión y los EEMM que inviertan más en sanidad pública y servicios sociales (568). Esto es positivo.

 

Reconoce también la desigualdad en el acceso a medicamentos y productos sanitarios en la Unión Europea (UE) y a nivel global, siendo la falta de asequibilidad (precios altos) la primera causa de este problema (14, 302). Y plantea que los precios de los medicamentos deben estar basados en factores transparentes, como los costes reales de la I+D pública y privada, y deben ser justos (168, 277, 306). Ahora bien, ¿por qué la industria puede poner precios exageradamente altos a los nuevos medicamentos? La Moción ya apunta que el modelo de desarrollo y producción de medicamentos, dirigido por el mercado, “puede actuar en contra de la distribución equitativa y asequible” de los productos sanitarios (41). Y advierte de la necesidad de evitar la formación de monopolios y oligopolios (275). Es decir, el Comité del PE, de forma discreta, está señalando que los monopolios y oligopolios son la causa de los altos precios y de la falta de equidad. Sabemos que estos monopolios se otorgan por los Estados y de la UE a través de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), en forma de patentes, secretos comerciales, etc. y de otras exclusividades (de datos, de comercialización), impidiendo la competencia de los genéricos y biosimilares que bajarían los precios. Sabemos también que la razón de conceder los monopolios a las compañías farmacéuticas es otorgar un beneficio extra a las empresas con la (supuesta) finalidad de financiar la investigación de nuevos medicamentos (“incentivos”). El problema es que, a lo largo de los años, los precios fijados han sido cada vez más abusivos (abuso de posición dominante), y las empresas han obtenido globalmente, cada año, cuatro veces lo que dicen que gastan en I+D. Un beneficio excesivo en la UE de más de 80.000 millones anuales (2, 3). Parte de ese exceso de beneficio lo destinan a marketing (más que a I+D), a recompra de acciones, compensaciones de los ejecutivos, etc. El Comité no aborda con claridad este problema, no lo diagnostica con precisión, y no aporta una solución eficaz. 

 

Ahora bien, reconociéndolo de forma indirecta, pide a la Comisión que realice un estudio piloto sobre el aprovechamiento de la inversión pública en I+D “para asegurar mejor acceso a medicamentos asequibles y crear un ecosistema de investigación dinámico y bien financiado” (68, 581). El Comité reclama también a la Comisión que invierta más en I+D (579), y añade que esa inversión pública debe adherirse al principio de ciencia abierta (586). E insiste varias veces en que las Administraciones Públicas deben exigir retornos al sector público por la financiación pública de I+D, y deben incluir en los contratos, subvenciones, etc., condiciones de transparencia, compromiso de transferencia de tecnología, disponibilidad suficiente (volumen de producción), asequibilidad (precios justos) e igualdad en acceso de los productos finales (80, 100, 156, 157, 170). Y añade también que la financiación pública en I+D debería apoyar la creación de centros abiertos de investigación y producción (181). Estos son aspectos positivos.

 

Por otra parte, la Moción propone que la Autoridad Europea de preparación y respuesta a las emergencias de salud (HERA) se convierta en Agencia, con financiación suficiente y capacidad legal para incentivar y co-desarrollar acceso equitativo y sostenible a productos médicos, y asegurar la transferencia de tecnología, incluso a productores en países de medianos y bajos ingresos (72, 73). Reclama asegurar el suministro de Principios Activos (570, 595). Apoya la creación de la Red europea de laboratorios de referencia (61). Apoya la propuesta de la Comisión para el proyecto EU FAB, una red de instalaciones de producción de vacunas y medicamentos que se pueda activar en caso de crisis (78). Recuerda, al mismo tiempo, que el Parlamento pidió a la Comisión y a los EEMM que estudiaran la posibilidad de crear una o más empresas farmacéuticas europeas sin ánimo de lucro (79) y reitera esta petición (162). Y pide a la Comisión y a los EEMM financiación a largo plazo para lograr una capacidad de producción y distribución adaptable de vacunas y otras herramientas (578, 596).

 

En un paso más allá, la Moción pide a la Comisión y los EEMM que creen una Infraestructura Europea pública para la I+D en salud, que pueda fabricar medicamentos de importancia estratégica, garantizando la seguridad de suministro y previendo desabastecimientos (169, 601), en línea con la propuesta del Panel STOA del Parlamento Europeo (4). Este sería, sin duda, un paso significativo.

 

La Moción apoya también la compra conjunta y la compra anticipada de vacunas y tecnologías sanitarias (185), garantizando la transparencia en esos procesos, asegurando que la responsabilidad por daños queda en los fabricantes y exigiendo precios justos (196, 275, 564). Finalmente, la Moción subraya el problema de los desabastecimientos (158) y pide crear una reserva de medicamentos esenciales (160, 602). Recomienda que la Comisión realice un estudio de las causas de los desabastecimientos (161, 282).

 

En el ámbito internacional, de Salud Global, la Moción reconoce que el “ACT Accelerator – COVAX” fue un mecanismo insuficiente para garantizar la equidad en el acceso a las vacunas y tecnologías sanitarias, sobretodo para los países de bajos y medianos ingresos (50, 51, 500). Considera también que para garantizar el suministro global se deben ampliar las capacidades de producción en todo el mundo, aumentando la producción local y regional en países de bajos y medianos ingresos, para lo que se debe fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento (49, 515).

 

En ese sentido, insiste en que la UE debe participar activamente en la negociación de una suspensión temporal de determinados Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC) (525, 526, 552), para facilitar el acceso global a medicamentos y vacunas. Así mismo, en el Tratado de Pandemias de la OMS se debe asegurar suficiente financiación para I+D biomédica global (615), y un mecanismo vinculante de acceso a los beneficios, así como crear condiciones para otorgar licencias de I+D cuando haya sido financiada por los gobiernos, fomentar la transferencia de tecnología, y compartir los datos y conocimientos (derechos de propiedad intelectual). 

 

Vemos aquí buenas intenciones, pero, sin embargo, no hay una exigencia rotunda para que, en la OMC, la Comisión defienda y acuerde la suspensión de los DPI en caso de pandemia.

 

2.

Y es que, aunque la Moción tiene aspectos positivos para mejorar el acceso a los medicamentos, también mantiene una serie de elementos negativos, demasiado importantes, que dificultan seriamente la resolución de algunos problemas que generan falta de acceso en los países de la UE y en el mundo.

 

Así, la Moción insiste en el relato habitual de la industria: “el sistema de protección de patentes incentiva a las empresas a invertir en innovación”. Aunque no evita reconocer que, “al mismo tiempo, la exclusividad puede conducir a una limitación de la oferta y del acceso a los medicamentos y productos farmacéuticos” (493).  Y añade que “en tiempos de crisis las autoridades deben estar dispuestas a intervenir en este sistema para garantizar el acceso a diagnósticos, prevención y tratamiento para todos”.

 

Es decir, al parecer, el Comité reconoce que la causa de la falta de acceso, altos precios, desabastecimientos, etc., son los monopolios que permiten a las empresas imponer los precios y decidir cuánto producen, dónde producen y a quién venden. Y por eso entiende que, en tiempos de crisis, de pandemia, los gobiernos deben intervenir, suspendiendo estos monopolios (DPI, patentes y otras exclusividades). Pero sigue afirmando, sin ningún fundamento, que el sistema de patentes es clave para incentivar la investigación. Y ese pre-juicio (determinado por la influencia de la presión de los altos ejecutivos de la industria), condiciona sus propuestas. De tal manera que el Comité, en su Moción, afirma que la revisión de la legislación farmacéutica europea debe continuar protegiendo adecuadamente los DPI, “para crear un ambiente favorable a la innovación”… y “para mejorar el acceso equitativo a medicamentos seguros, efectivos y asequibles” (585). Pero no se da cuenta de que estos dos objetivos son incompatibles: precisamente son los monopolios de las patentes los que bloquean el acceso a la innovación. Además, la primera afirmación no está demostrada. No está comprobado que dar enormes cantidades de dinero a las empresas a través de las exclusividades incentive la investigación. Antes de los monopolios en medicamentos había más investigación. Ahora, con monopolios, más del 70% de la I+D innovadora tiene financiación pública directa. Es falso que las patentes incentivan la I+D. Y desde luego es una financiación ineficiente, ya que, como vimos antes, con dinero público (a través de los servicios de salud) o de los pacientes, se paga cuatro veces lo que dice la industria que gasta en I+D.

 

La Moción no analiza esta cuestión, aunque pide a la Comisión que haga un estudio sobre el tema. Ahora bien, la Moción sí considera que compartir la Propiedad Intelectual y el know how, aunque sea en el marco legal actual, es clave para asegurar la producción en gran escala y la disponibilidad global (505). Sin embargo, su solución es la que propone la industria: respetar la propiedad intelectual, e incluir acuerdos de licencia voluntaria para aumentar la producción (521). Y pedir a los fabricantes que utilicen el COVID Technology Access Pool de la OMS (C-TAP) para compartir conocimientos y tecnologías en tiempo de pandemias (549). Los países de bajos y medianos ingresos, el Sur Global, ya comprobaron que esto no funcionó durante la pandemia. Y no funcionará. Por eso reclaman la inclusión en el Tratado de Pandemias de la suspensión de los DPI y la obligación de transferencia de tecnología y conocimiento mientras esté ocurriendo una crisis de salud internacional.

 

En el mismo sentido, cuando la Moción se refiere a la negociación del Tratado de Pandemias de la OMS, centra el foco en el refuerzo de los sistemas de información y control para predecir y monitorizar las epidemias (562). Se habla de refuerzo de la OMS y de su financiación, pero, al mismo tiempo, se apoya la creación de un nuevo fondo de pandemias, no en la OMS, sino en el Banco Mundial, y no como entidad multilateral, sino con participación de entidades privadas en su Consejo de Dirección (547), lo cual debilita a la OMS en su papel de coordinador de la prevención, la preparación y las respuestas a las emergencias en salud.

 

Resalta el papel de la UE durante la pandemia para donar vacunas, pero evita reconocer que el mantenimiento de los monopolios y oligopolios (DPI) provocó el aumento de precios (veinte a cuarenta veces por encima de coste de fabricación, totalmente injustificados ya que la I+D se financió con dinero público), la limitación de la producción y la selección de a quién se vendía, y que, como consecuencia, millones de personas en el Sur Global no pudieron acceder a vacunas y otras tecnologías médicas, mientras en el Norte acumulábamos diez dosis por persona. Con mucho menos del dinero que la UE gastó en vacunas se podría haber vacunado a todo el planeta si el precio hubiera sido el de coste real. A cambio, es verdad, los directivos y accionistas de las empresas farmacéuticas obtuvieron enormes beneficios (obtenidos del dinero público y de los pacientes): más de 200.000 millones de dólares, globalmente. Esto tampoco lo analiza el Comité. Por eso no puede dar respuesta al presidente de Sudáfrica cuando afirma que los países ricos (la UE) pusieron, por delante de la vida de las personas, los beneficios de las empresas. “Estuvimos rogándoles, y ustedes se negaron, votando en contra de que pudiéramos fabricar vacunas en nuestros países” (5). 

 

3

En resumen, ¿está el vaso medio vacío o medio lleno?

Prefiero quedarme con la sensación de algo se avanza. Paso a paso. Es cierto que se mantiene el “dogma” de las patentes y los DPI, pero se defiende que la inversión pública tenga condiciones de transparencia, que la tecnología y conocimiento resultantes se transfieran a la C-TAP de la OMS, que los precios sean asequibles y la producción suficiente. Y se pide aumento de la financiación pública en I+D, y el desarrollo de una Infraestructura pública europea para la I+D y la fabricación de medicamentos. 

 

Decía Ernesto Sábato que “lo que importa no es la “realidad estricta” que algo contenga, sino aquella altura a la que apunta. Es gracias a ese imposible que nos elevamos por encima de todo lo posible. Es el entusiasmo el que nos mantiene vivos” (6, pág. 22).

 

Sigamos pues apuntando a la altura de lo imposible.

 

 

REFERENCIAS

 

(1).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0217_EN.html#_section1

 

(2).Lamata F, Gálvez R, Sánchez-Caro J, Pita P, Puigventós F. Medicamentos, derecho humano o negocio. Díaz de Santos. 2017.

 

(3).

https://fundacionalternativas.org/publicaciones/monopolios-y-precios-de-los-medicamentos-un-problema-etico-y-de-salud-publica/

 

(4).

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2021)697197

 

(5).

https://twitter.com/peoplesvaccine/status/1673689477624266752?t=97vMtS5Q92Wi2E8VPnINZg&s=03

 

(6). Ernesto Sábato. España en los diarios de mi vejez. Seix Barral. 2004.