CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

Según The Guardian (27/6/2012) algunos altos cargos de la Isla de Jersey podrían plantear la separación del Reino Unido si el Gobierno británico limitara en exceso su condición de paraíso fiscal.

La respuesta de Jersey a la amenaza de control es razonable, ya que su naturaleza de paraíso fiscal es la fuente de su prosperidad. Pero el Gobierno británico está preocupado porque algunos contribuyentes utilizan la Isla para evadir el pago de impuestos.

Este problema es común a otros países, y también a España. Y nos afecta. Como ciudadano europeo exijo que se erradiquen todos los paraísos fiscales en países de la Unión Europea. Su existencia debería ser causa de sanción, o de expulsión.

La cuestión de fondo es qué esfuerzo fiscal debe hacer cada ciudadano. Esa carga fiscal debe ser proporcional a su renta y su riqueza. Debe pagar más el que más tiene. Y de esa forma podemos financiar servicios públicos que benefician a todos. Si no es así rompemos las reglas del juego.

Las leyes actuales permiten a personas y empresas con rentas altas pagar mucha menos proporción de lo que pagan personas con salarios modestos. Esta situación es una injusticia. Además, muchas personas con grandes fortunas y algunas entidades, van más allá, incumpliendo las leyes y evadiendo impuestos.

Los paraísos fiscales contribuyen activamente a esta sangría de recursos que son de todos a favor de unos pocos. Es un robo de las personas de más renta a las personas de menos renta, de unos pocos a la mayoría de la sociedad.

Los gobiernos de la Unión Europea tienen que actuar ya, y con firmeza, para erradicar todos los paraísos fiscales en países de la Unión y para luchar contra cualquier paraíso fiscal en otros lugares del planeta.

La amnistía fiscal es un mal ejemplo, porque va en dirección contraria. La justicia fiscal es necesaria para fortalecer una cultura del esfuerzo y de la responsabilidad.

Los paraísos fiscales son un cáncer que desmoraliza a las personas honradas y de buena voluntad. Es una inmoralidad que existan, y debería ser ilegal que haya empresas españolas operando en esos lugares. El Gobierno y el Parlamento deberían ser contundentes en una nueva estrategia fiscal que incorpore la lucha contra los paraísos fiscales.